En los últimos meses estamos viendo cómo el sector tecnológico vive una aceleración sin precedentes. La inteligencia artificial ya no es algo que "viene", está aquí y está redefiniendo desde la operativa diaria hasta la toma de decisiones en empresas y administraciones. No hablamos solo de automatizar tareas, sino de sistemas capaces de anticiparse, analizar grandes volúmenes de información en segundos y apoyar decisiones críticas de negocio, con la exigencia que eso conlleva que esas decisiones sean trazables, éticamente responsables y siempre bajo supervisión humana, tal y como ya recoge el marco europeo del AI Act para los sistemas de mayor riesgo.

Pero ese salto también tiene su cara B, la misma inteligencia artificial que nos ayuda a ser más eficientes está siendo utilizada para lanzar ataques más sofisticados, más rápidos y más difíciles de detectar. El phishing generativo, los deepfakes o la automatización de exploits ya no son escenarios futuros, son amenazas documentadas con las que las empresas conviven hoy y además la IA introduce nuevos retos, desde cómo se gestionan los datos hasta cómo garantizamos que la tecnología no avance más rápido que nuestra capacidad de controlarla.

Esto nos obliga a afrontar una realidad incómoda pero necesaria, no basta con incorporar tecnología, hay que hacerlo bien, con criterio, con gobernanza y con responsabilidad, porque la innovación sin seguridad, sin control y sin visión estratégica, es simplemente avanzar sin red.

A esto se suma otro elemento que desde el sector llevamos tiempo señalando, la creciente complejidad regulatoria, la acumulación de marcos, NIS2, DORA, RGPD, ENS,…, está generando una presión real, y en muchos casos desproporcionada, sobre las empresas tecnológicas, especialmente las más pequeñas. Es evidente que necesitamos marcos que garanticen la confianza y el uso responsable de la tecnología, pero también es evidente que esa regulación, en demasiadas ocasiones, no evoluciona al ritmo de la realidad empresarial y acaba generando fricciones innecesarias que frenan en lugar de proteger.

Desde mi doble perspectiva, como presidenta de ASINTE y como empresaria, lo vemos cada día,  empresas con capacidad, conocimiento y ganas de innovar que tienen que dedicar más esfuerzo a interpretar normativa que a desarrollar soluciones y eso, simplemente, no es sostenible si queremos un sector TIC competitivo y con capacidad real de crecer.

En paralelo, la ciberseguridad ha dejado de ser un ámbito puramente técnico, hoy es una cuestión de negocio, de continuidad, de reputación y de confianza, cada decisión tecnológica lleva asociada una responsabilidad en términos de riesgo que ya no se puede obviar, y que empieza en la dirección, no en el departamento de IT.

El sector TIC tiene un papel clave en este contexto, somos parte de la solución y podemos ayudar a digitalizar, a proteger, a hacer más eficientes los procesos y a integrar tecnología de forma segura pero para poder hacerlo necesitamos un entorno que acompañe, no que frene.

Por eso, el mensaje es claro.

A las Administraciones Públicas: es el momento de avanzar hacia una regulación más ágil y alineada con la realidad empresarial, no se trata de renunciar a la seguridad jurídica, sino de construirla de otra manera, con ventanillas únicas digitales reales, con espacios de prueba regulatoria para empresas innovadoras, con menos burocracia redundante y con más diálogo directo con el sector. Regulación y práctica no son conceptos enfrentados, cuando se diseñan bien, se refuerzan mutuamente. La transformación digital no se decreta desde la norma, se construye desde quienes la hacen posible cada día.

Y a las empresas, públicas y privadas: hay que dar un paso adelante, invertir en tecnología sí, pero también en seguridad, en talento especializado y en estrategia. La escasez de perfiles en inteligencia artificial y ciberseguridad es uno de los mayores cuellos de botella del sector, y resolverlo es una responsabilidad compartida entre empresas, instituciones educativas y administración. La IA no es solo una oportunidad, es una responsabilidad que exige decisiones conscientes y bien planteadas desde el inicio, no como parche al final del proceso.

Estamos en un momento decisivo. Lo que hagamos ahora marcará la diferencia en la competitividad, la seguridad y la capacidad de crecimiento de nuestro tejido empresarial en los próximos años.

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